La Convención de Nueva York para Reducir los Casos de Apatridia fue adoptada el30 de agosto de 1961 y entró en vigor el 13 de diciembre de 1975.
Establece el principio de que para no crear nuevos apátridas , los Estados signatarios atribuyen su nacionalidad "a la persona nacida en su territorio y que de otro modo sería apátrida" (art. 1). Además, sólo pueden retirar su nacionalidad a uno de sus nacionales si tiene otra nacionalidad (art. 5 y siguientes). En particular, "los Estados contratantes no privarán a ninguna persona de su nacionalidad si dicha privación la convierte en apátrida" (art. 8.1).
En enero 2016, este convenio está firmado por 5 países (Francia, Israel, Países Bajos, República Dominicana, Reino Unido) y 65 se han adherido a él (Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Gambia, Georgia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Portugal, Moldavia, República Checa, Rumania, Reino Unido, Ruanda, Senegal, Serbia, Eslovaquia , Suecia, Swazilandia, Chad, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Uruguay), a veces con reservas.
Francia firmó esta convención el 31 de mayo de 1962pero no lo ratificó. Además, ingresó una reserva basada en el art. 8.3 de la convención, permitiéndole “privar a una persona de su nacionalidad, [… si] se ha comportado de tal manera que haya perjudicado gravemente los intereses esenciales del Estado […]” .
Asimismo, Francia firmó pero no ratificó el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997, que establece que "toda persona tiene derecho a una nacionalidad" . Además, el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Man (DUDH) establece que " todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad ” ; pero este texto tiene un alcance jurídico débil, para el Consejo de Estado carece de valor normativo.
En consecuencia, para el constitucionalista Didier Maus , “legalmente no existe un texto internacional que comprometa a Francia a prohibir la apatridia” . Pero para otro experto constitucional, Dominique Rousseau , "su simple firma [de la convención de 1961] compromete [Francia] a respetar el espíritu y el propósito del texto" .